Temario-guía formación en servicio de vigilancia en centros de internamiento y dependencias de seguridad

En España, la criminalidad juvenil no es preocupante. Casos como la brutal paliza al joven Alexandru en la localidad vizcaína de Amorebieta no son frecuentes. Pero los menores delinquen. La mayoría de los delitos en justicia juvenil son lesiones (30,6 %), robos (19,2 %) y hurtos (9,2 %), mientras que los homicidios y las agresiones sexuales tan solo resultan un 0,2 y 0,3 %, respectivamente, según datos de 2020 del Instituto Nacional de Estadística. El temario de  esta formación viene establecida  desde la entrada en vigor, el pasado 18 de agosto de 2011, de la Orden Ministerial INT/318/2011, de 1 de febrero sobre personal de seguridad privada y por la Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se determinan los programas de formación del personal de seguridad privada. Según el BOE nº 296 de 10 de diciembre de 2012, se requiere formación específica para la prestación de los diferentes servicios que un vigilante de seguridad pueda llegar a realizar y se recoge la obligatoriedad de la realización de dicha formación. En 2020 fueron condenados en España por sentencia firme 11.238 menores, un 20,4 % menos que en 2019.  Aunque el índice de delincuencia juvenil no sea preocupante, tampoco debemos pasar por alto la violencia con la que se relaciona a diario una parte de los adolescentes, una dura realidad que también existe y que se manifiesta no solo en las calles. Hay muchas violencias: acoso escolar, sexual, filioparental (la ejercida de los hijos a los padres)… Pero su versión más sangrienta y mediática han sido, sin duda, los linchamientos. Las imágenes en las que se puede observar a una manada de jóvenes agrediendo salvajemente producen daño e indignación en la gran mayoría de la sociedad, que se pregunta por qué. En todos los procesos judiciales en los que hay adolescentes implicados, el departamento fiscal cuenta por ley (L.O. 5/2000) con un equipo psicosocial especializado que realiza una evaluación psicológica de este menor. Las conclusiones se plasman en un informe que facilita al juez la decisión a la hora de dictar sentencia sobre qué medida educativa será la más ajustada a ese adolescente.Basándonos en esos informes, sabemos que no existe un perfil único. “Es complicado realizar un perfil psicológico, precisamente porque no debemos caer en etiquetas ni tópicos, que no hacen más que estigmatizar a estos adolescentes que, por muchas causas, acaban cometiendo actos vandálicos o agresivos. Pero, tanto desde la psicología como desde la criminología, sí existe una serie de factores de riesgo en el comportamiento violento o antisocial y que están relacionados con la familia, la educación, el contexto social y, por supuesto, aquellos aspectos más psicológicos relacionados con la personalidad del adolescente”.Los profesionales que trabajan con menores conflictivos saben que, cuando se interviene terapéutica o educativamente con ellos, no hay un factor único que nos explique dicha conducta, sino que hay diferentes causas. El reto de los profesionales es identificarlos con la ayuda del joven para poder abordarlos,  enumeran  algunos factores que hay que tener en cuenta:Carencia afectiva.Padres ausentes.Déficit en la supervisión de lo que hacen.